EL MI(NI)STERIO DE LA CULTURA EN EL PERÚ, O: CAPÍTULO I. ASESOR DE INDUSTRIAS CULTURALES, ¡QUÉ BUEN NEGOCIO!

En un artículo firmado por el señor Roberto Ochoa aparecido el sábado 26 del mes de febrero en el diario La República, se anota que existe una convocatoria de parte del Ministerio de Cultura para el cargo de “Asesor de Industrias Culturales”, con un sueldo de catorce mil soles mensuales. Es sorprendente, yo tenía entendido que ese cargo ya estaba ocupado por el señor Daniel Alfaro. Es más, según ha trascendido, pero a mí no me consta, el señor Alfaro ha llevado adelante más de una reunión con representantes de los gremios de cineastas APCP y UCP con el propósito de consensuar una nueva ley de cine. Por lo menos ese es el trascendido. El señor Alfaro se habría presentado en dichas reuniones como Asesor de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, cargo que, ahora resulta, recién se va a sacar a concurso. Las negociaciones entre el supuesto Asesor de Cultura y los gremios se rompieron cuando el Presidente de la República devolvió la ley Raffo al congreso con una serie de observaciones que al parecer no sólo harían inviable esa ley sino cualquier otra que tenga como fuente de financiamiento un fondo del Estado, lo que ocasionó que los representantes de la UCP abandonaran las negociaciones.


En realidad no se sabe de qué hablaban en dichas reuniones porque ningún representante de ambos gremios, y mucho menos del Ministerio de Cultura, ha considerado pertinente informar a la comunidad cinematográfica sobre el curso de las mismas. Es una lástima porque denota que en el país aún se piensa que es una buena política llevar adelante negociaciones a espaldas de los interesados. No sólo los cineastas agrupados en esos gremios tienen algo qué decir y aportar con respecto a una nueva ley de cine. Este silencio es sumamente pernicioso pues perjudica el ambiente de unión logrado luego de la aprobación en el Congreso de la atroz ley Raffo, cuando la comunidad cinematográfica en pleno (incluyendo a los cineastas que apostaron, impulsaron y comprometieron su prestigio para conseguir su aprobación) por primera vez, desde que se inició el debate al respecto, estuvo unida y de acuerdo en que esa era la peor ley que podría ofrecerse al cine nacional, una vergüenza para todos los peruanos y el hazme reír frente a la comunidad cinematográfica internacional.


Eso no es todo. El señor Alfaro, en su (supuesta) calidad de Asesor de Industrias Culturales también habría tenido una reunión con las responsables del Festival Internacional de Cortometrajes del Cusco, FENACO, y en dicha reunión, al parecer, entre otras cosas habría insistido en la pertinencia de la ley Raffo con la única modificatoria del porcentaje otorgado al CONACINE. En esta ocasión se trataría del 4%, conservando básicamente todo lo demás, como por ejemplo entregar el resto del dinero a las distribuidoras y exhibidoras de las Majors y garantizar la entrega del dinero al Consejo vía un convenio privado.


Es lamentable que a estas alturas no exista aún un comunicado oficial de parte del Ministerio de Cultura señalando cuál es su posición con respecto a la ley Raffo, con respecto a la actuación del CONACINE, y en particular de su presidenta durante el debate de dicha ley, y con respecto a una nueva ley de cine. Es lamentable que la comunidad cinematográfica tenga que estar manejándose a base de trascendidos. Es lamentable que el secretismo y la negociación tras bambalinas empiecen a convertirse en la modalidad de actuar del Ministerio de Cultura ¿Qué es lo que se pretende? ¿Presentar una nueva ley supuestamente consensuada pero que el grueso de la comunidad cinematográfica va a conocer una vez que esté lista? ¿Consensuada por quiénes? ¿Por iluminados que van a decidir por nosotros que es lo que mejor nos conviene?


Tal vez lo mejor sería que el Ministerio de Cultura tomara una posición oficial y pública con respecto a todo esto, con mayor razón si consideramos que el señor Alfaro (y esto no es un trascendido sino un hecho objetivo) ha realizado un viaje al Cusco donde se ha reunido con un número importante de cineastas, y prepara otro más, ¿Con el objeto de persuadirlos de la conveniencia de aceptar el 4% y la nueva ley Raffo? ¿A cambio de qué?


En el artículo citado líneas arriba, el señor Ochoa menciona que no se entiende la razón por la cual se convoca a un concurso para cubrir el puesto de Asesor de Industrias Culturales, dado que ese cargo estaría ya cubierto por una persona del entorno del viceministro Bernardo Roca Rey. Esperemos que el señor Alfaro no sea la persona señalada como del entorno del viceministro Bernardo Roca Rey, dado que este último es o ha sido (y esto no es ningún delito) un connotado miembro del diario El Comercio. Esto no es irrelevante si consideramos que el diario El Comercio recibe una enorme cantidad de dinero por concepto de avisaje publicitario de parte de las exhibidoras y distribuidoras de las Majors. Precisamente distribuidoras y exhibidoras que se estarían viendo favorecidas de manera directa con las altas gestiones del señor Alfaro.


Repito, ojalá que no sea ese el caso, pero de serlo hay allí un evidente conflicto de intereses, pues el señor Alfaro, quien al parecer percibiría un sueldo de catorce mil soles pagado con los dineros de todos los peruanos, estaría realizando un trabajo no para el Ministerio de Cultura, ni para todos los peruanos, sino para sacar adelante una ley que, ya hemos visto, únicamente beneficia a las exhibidoras y distribuidoras de las Majors (que invierten ingentes cantidades de dinero en los avisos que publican en el diario El Comercio) y en nada al cine nacional, lo que provocó que todos los cineastas nos uniéramos para pedir al Presidente su observación ¿Por qué un funcionario público, que percibe un sueldo pagado por el pueblo peruano, tendría que ocuparse de los intereses de empresarios privados que únicamente buscan aumentar los beneficios de sus negocios? En el Perú existen las condiciones jurídicas y tributarias para que cualquier empresario haga prosperar legítimamente sus empresas. No se requiere además del concurso de los funcionarios públicos, quienes más bien deberían velar por los intereses de todos los peruanos y no de empresarios particulares.


El señor Ochoa también menciona en su artículo que se ha convocado a concurso para cubrir un puesto de arqueólogo en la Dirección Regional de Huancavelica, el sueldo es de ochocientos cinco soles. La enorme diferencia no está únicamente en los montos. Es fácil suponer que el nuevo arqueólogo trabajará en beneficio de todos los peruanos en las condiciones más adversas y percibiendo un ingreso miserable. En cambio con respecto al señor Alfaro existe la duda de si trabaja para todos los peruanos o para los multicines y las distribuidoras Majors (UIP, Warner, FOX, etc.), ganando catorce mil soles del erario público, y en qué cargo. Va ser muy interesante comprobar, una vez que se cumpla con el mencionado concurso, quién es el nuevo Asesor de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura del Perú. Por mi parte mis felicitaciones anticipadas a quien se haga merecedor del nuevo cargo de arqueólogo en Huancavelica y mis mejores deseos. Sin duda alguna él sí necesita del perfil para convertirse en un verdadero héroe cultural y no en un sirviente de capitales privados que mira por los intereses de empresarios particulares, recibiendo un sueldo de parte del Estado Peruano.

Manuel Siles.