CLARIDAD, ANTE TODO. POR EDUARDO QUISPE.

Este año termina con una saludable sensación de gente perfectamente capaz de luchar por sus derechos y sus principios. Y, por otra parte, con la instructiva imagen de gente que se ha jugado por sus tripas y su cuenta corriente. Esto se llama construir ciudadanía. Un saludo a todos pero, en especial, a los cineastas regionales e independientes. Su lucha es justa y ya está empezando a rendir sabrosos frutos. Este blog se abre más que nunca a todo ellos. Porque si nosotros no luchamos por nuestros propios derechos nadie lo hará por nosotros.

A continuación un texto que describe magníficamente esta nueva y renovada actitud. (M.C.)






La tormenta ha traído la claridad de los puntos de vista, que sirve para definir posiciones.

Existen obvios intereses de por medio, pues no es desconocido que dentro de la APCP están los más favorecidos por Conacine durante los últimos años, y son estos los que han jugado su prestigio e imagen a favor de esta infame ley, que más que masificar el cine, lo que hace es darle dinero de los contribuyentes a las distribuidoras y exhibidoras; empresas privadas que ya suficiente dinero generan sobresaturando la cartelera nacional con chatarra visual, y esperar (depender) de la buena voluntad de estas para cumplir con dar un óbolo a la producción nacional, claro está, encerrada en ese pequeño círculo de beneficiados que viene manteniéndose a través de los años.

Si bien es cierto en lo formal existen 2 gremios, en el panorama real existen muchos cineastas, productores, actores, técnicos, entre otros no menos significativos, que no están agremiados, entre ellos un sector importante de realizadores regionales, a quienes se les ha pospuesto casi siempre.

Esta posición, llamémosla ‘regional-independiente’, que ha luchado con ímpetu en medio de esta coyuntura, ha sido clara también; el proyecto de ley no debe pasar de ningún modo, ni con correcciones, ni con parches que la hagan más ‘consensuada’. Por tanto, después de lo sucedido en la sesión de la comisión permanente del congreso, dónde se firmó un acta de compromiso entre ambos gremios reconocidos para pedir la observación del proyecto de ley ‘majors’ al ejecutivo, debía sentarse una posición clara por parte de la oposición, pues del otro lado las cosas estaban más claras que vaso de cristal.

Esta posición debía no sólo ser protocolar, pues, basados en los 5 puntos observables del proyecto de ley: 1º La restitución de los artículos 17 y 24 de la ley de cine que trataban sobre el aporte del estado a Conacine, 2º Definición del régimen tributario o privado como se realizará la transferencia del actual impuesto municipal, 3º Un porcentaje mayor para la producción nacional, 4º mayor porcentaje para las regiones, y 5º Sobre temas laborales, la ley majors no debía ser aprobada por el ejecutivo, debido a las múltiples complicaciones legales que generaba. Entonces, si el acta firmada iba a ser el punto de partida para elaborar una carta conjunta pidiendo la observación, ¿qué debía aclararse en esa reunión? El contenido de esa carta debería tener la posición de ambos lados, aparentemente incompatibles.

Pero, considerando que la APCP no quiere la observación, al elaborar esa carta ¿significa que iba a ceder todo por lo que ha luchado estos años? Creer eso es ingenuo.

Es obvio que se iba a llevar una posición, pues sólo se podía llegar a 2 conclusiones: mandar al ejecutivo la carta con un acuerdo de que la ley sea observada, o que esta se apruebe con correcciones.

Ahora, dentro de los procesos democráticos también hay puntos en los que no puedes consensuar. Si se confiaba en la buena voluntad y espíritu democrático de la APCP, entonces reunirse iba a ser un despropósito, al igual que las luchas y protestas, pues si la APCP recibiría de buena gana la observación del proyecto de ley, ¿Qué fue todo ese lobby en el congreso y el que aún continúa ya en la instancia del poder ejecutivo?

En el aspecto político, la democracia no es ‘todos tenemos la razón, todos nos equivocamos’ porque de ser así, ¿quién asume los costos de esos aciertos o errores? Por eso existe la responsabilidad política que deben asumir los agentes y representantes, pues éstas existen, quieran o no verlas.

¿Sabían o no los que defendían a capa y espada este proyecto de ley que iba a eliminar el aporte del estado a Conacine?

¿Sabían o no que el mayor porcentaje no iba a ser para la producción nacional, sino para que las distribuidoras construyan más multisalas que traigan a su vez más chatarra hollywodense?

Si lo sabían, ¿Por qué era mejor conformarse a un nimio óbolo a plantear una nueva legislación que beneficie la producción?

Entonces, la observación del proyecto era el pedido, ¿Y la posición? ¿Qué defendemos y qué queremos? Insisto, esto no debía ser sólo coyuntural.

Apelando a la unidad se pueden apoyar las causas más justas como las más cuestionables.

Por este motivo, la unidad de propósito es diferente a la unidad de pensamiento; mientras la APCP y la UCP sostenían una lid ‘democrática’, la representación y la posición de los cineastas de las regiones y los independientes no agremiados eran ignorados.

Una cosa es que te cuenten y otra que te tomen en cuenta.

¿Cómo puedo ponerme de acuerdo con alguien y formar una unidad si te trata sin respeto, que te dice “existes, pero no formalmente”, cómo puede eso ser democracia e inclusión?

Se debe tener no sólo puntos comunes, sino posiciones que busquen solucionar las injusticias que se cometen en la actualidad. Reconocer las injusticias es lo primero para ponernos de acuerdo.

¿Es justo que el estado vele por que la empresa privada reciba fondos públicos para hacer más grande su negocio, mientras los cineastas regionales y los cortometrajistas son ninguneados?

¿Es justo que el dinero de los contribuyentes que puede servir para obras públicas se reparta entre empresas privadas que tienen de por sí ya beneficios importantes saturando las salas de chatarra visual?

¿Es justo que las películas peruanas sean siempre relegadas a horarios imposibles y que las mantengan a duras penas 2 semanas?

¿Es justo que se dejen los fondos para la producción nacional en la buena voluntad de las empresas privadas que mantienen esa deprimente realidad?

¿Es justo que se haya premiado proyectos que han aportado casi nada a la cinematografía nacional?

¿Es justo que sólo 'cierto tipo' de películas nacionales lleguen a las salas masivas?

¿Es justo que se hayan excluido a proyectos sin siquiera abrirlos?

¿Es justo que directores viejos y con varios largos en su haber sigan concursando y ganando un fondo estatal de fomento de la cinematografía, que debería beneficiar óperas primas, o propuestas frescas e innovadoras?

¿Es justo que la institución estatal encargada de la promoción de la producción nacional no cuide los intereses de los cortometrajistas, presionando a los ‘amigos’ distribuidores y exhibidores a que se exhiban sus trabajos como está establecido en la ley…se necesitan más fondos para hacer eso?

¿Es justo que en ninguno de los proyectos defendidos por los gremios esté primando la necesidad de una Escuela de cine, ni la formación del público a través de la educación audiovisual en las instituciones educativas?

¿Es justo que no exista una cinemateca y filmoteca nacional estatal?

Como parte de este sector independiente, no me he sentido representando por ninguno de los gremios, por lo cual, hablo de una opción que primero que nada respete y considere la diversidad en nuestra producción cinematográfica, unifique las reivindicaciones de los cineastas de las regiones, a los cortometrajistas, e incluya aspectos tan importantes como la educación audiovisual y cinematográfica, que va por la creación de una escuela, así como la de incluir dentro de las premiaciones el aspecto formativo técnico, como de apreciación cinematográfica, ya sea por medio de programas con aporte estatal, o por gestionar becas internacionales, la prioridad de financiamiento para Óperas primas, fondos reembolsables para cineastas con más experiencia (pero tampoco tanta), concursos con jurados internacionales, o nacionales a través de sorteos que incluyan a todos los registrados. Asimismo, reconocimiento y registro de cineclubs y demás espacios de exhibiciones culturales, así como apoyo económico a esta importante actividad, reconocer algo tan obvio y necesario como la realización de películas en digital, fomentar su producción y distribución en el país como en el extranjero. El asunto da para más, si ya hay posiciones claras, entonces, seamos consecuentes. Opto por la formación de esta nueva opción, inclusiva, democrática, con visión progresista, conformado antes que nada, por gente nueva, que no sólo se oponga a la ley majors o similares que vengan (dudo que se queden conformes con lo que ya ha sucedido con esta ley majors, que esperamos se observe como debe ser), sino que proponga y trabaje para cambios significativos tan necesarios en la escena nacional.



Eduardo Quispe Alarcón


http://cinestesiaperu.blogspot.com/